Tras el revuelo armado con motivo del veto a la presencia de
Fidela Velázquez en la presentación del libro El Legado, de Juan José González,
el grupo municipal del PSOE ha dado un paso al frente y ha pedido la dimisión de
la concejala de Cultura, Isabel Elena Socorro González, amén de solicitar del
señor alcalde (en sus ratos libres), Manuel Domínguez González, que dé las oportunas
explicaciones acerca de tan turbio proceder. Que no tiene justificación alguna
y que demuestra las pocas luces de quien no sabe diferenciar posibles
discrepancias políticas con eventos institucionales. Y del que,
desgraciadamente, alguien se aprovecha para, como siempre, darle la vuelta a la
tortilla y arremeter contra quienes osan denunciar el hecho, utilizando de
manera espuria medios públicos, que nos pertenecen a todos y que no constituyen
patrimonio de unos cuantos. Práctica que se ha venido convirtiendo en habitual
contra determinadas personas, con nombres y apellidos, contando con la
aquiescencia de quienes, supuestamente, deben velar por el interés general y no
ser cómplices de vejaciones que rayan la indecencia más absoluta y que embarran
más aún la tan denostada política.
La pasada semana, Podemos ha denunciado ante la fiscalía el
pago de dos másteres, a sendas concejalas populares (Carolina de los Ángeles
Toste Hernández y María Noelia González Daza), con cargo a los presupuestos
municipales. Hecho que el propio PP realejero reconoció en la sesión plenaria
del pasado mes de enero, pero que considera como una costumbre histórica y que,
según González Daza, está bien desde el punto de vista ético, moral y legal.
Que sea práctica legal o no, ya se dilucidará en el
estamento pertinente. Pero que sea ético, máxime cuando los estudios cursados
(como fueron on-line, lo mismo
guardan ciertas concomitancias con los de Pablo Casado; ven cómo todo se pega)
no guardan relación alguna con las competencias de las áreas desempeñadas en el
Consistorio, se necesita demasiada imaginación para sostener la aseveración. Ya
bien quisiera cualquier estudiante gozar de privilegios tales. Porque cuando se
disfruta de un generoso sueldo, amén de otras prebendas, podría tildarse de
enorme caradura el que seamos los realejeros los que corramos con los gastos de
esas ‘actividades extraescolares’. Creía
un servidor que el dinero de mis impuestos iba destinado a otros quehaceres.
Como sostiene el señor Domínguez González que este hecho no
tiene nada de extraño, que es práctica
histórica, que se lleva a cabo en todas las instituciones públicas y que se
recoge en la correspondiente partida presupuestaria, alguien que desconoce el
funcionamiento actual de la administración local, un servidor (pues creía que
esa dotación económica iba dirigida al perfeccionamiento de los funcionarios
municipales y no de los políticos de turno), le exige dé a conocer públicamente
qué otros cargos en épocas pretéritas (porque también gobernó el PSOE) se han
beneficiado de la medida, poniendo sobre la mesa, además, las cantidades abonadas. Cuando se presume de una
calificación sobresaliente en Transparencia (el papel lo aguanta todo), qué
menos podría yo requerirle. Soy consciente del poco tiempo del que dispone, pero
haga un esfuerzo en aras de esa limpieza. Deje, siquiera por unos momentos, el puerto
de Fonsalía, y otras nimiedades, y atienda a su cocina, no sea que se le tizne
más todavía.
En gente tan religiosa, como se presupone, tan dada a los
golpes en el pecho (aunque en la intimidad no difieran de los mortales más
comunes, por ejemplo cuando se aprovechan de leyes progresistas, recurridas
ante instancias judiciales, para beneficio propio), yo sostendría que esta
praxis (la de los másteres, la de los vetos, la permisividad radiofónica…) es
pecado mortal. Y creerse dioses, de excomunión. Pero, claro, esta óptica, dada
mi condición de no creyente, no vale un pimiento.
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