Nada voy a repetir acerca de la cantidad de peritos que
pululan por las redes sociales. Amén de algunos medios de comunicación
(tradicionales) que se suben al carro de los despropósitos y echan cada día un
poco más de leña a esta hoguera… de las vanidades.
Cuando redacto estás líneas, en Canarias hemos vuelto a
superar los 3000 contagiados. Estuvimos no ha tanto en casi la mitad. Unos 2000
se contabilizan en la zona metropolitana (Santa Cruz-La Laguna) tinerfeña. Que
es donde más se elevaron las voces contra la implantación del nivel 3. Y el
sector más perjudicado por las severas medidas adoptadas, el de hostelería y
restauración, solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la suspensión
cautelar de las medidas establecidas por el Gobierno de Canarias. En su derecho
estaban, y están, faltaría más.
La Sala de lo Contencioso Administrativo entendió que no procedía
siquiera dar trámite de audiencia a la parte demandada y sostiene que el cierre
del interior de los locales, así como la limitación del aforo en las terrazas,
“ni se ha demostrado como las causas de los contagios ni se prevén como las
soluciones”. Y, en consecuencia, barra libre de nuevo.
Se supone que uno debe acatar las resoluciones judiciales.
Que pudieron ser, en este particular caso, otras completamente diferentes.
Porque si los jueces hubiesen argumentado a
contrario sensu, como aquí se trata, al parecer, de sostener meras
apreciaciones (no se ha demostrado que…, no se prevé como…) cualquier dictamen
sería pertinente.
Si graves, entiendo, son los botellones de aquellos jóvenes
faltos de perras, no menos, a mi modesto entender, esta suspensión judicial.
Porque si se me argumenta que hubo una incorrecta aplicación de cualquier norma
legislativa, habría que aceptar el fallo sin rechistar. Pero la tesis esgrimida
tiene menos consistencia que la incertidumbre social ante la propagación del
virus. Un servidor invitaría, igualmente, a que no se carguen tintas contra la
juventud. Y los invitaría a que recurran las denuncias por estar hasta las
tantas de tenderete en espacios públicos, porque, y al dictamen judicial me remito,
no queda meridianamente claro que sean ‘la causa de los contagios ni se prevé
que ponerles una multa sea una buena solución’.
Nos quejamos amargamente de que el turismo británico
continúe vetado. Mientras, la variante Delta (la india) mantiene en vilo a los
responsables sanitarios de Reino Unido. Porque sigue afectando, y de manera
notable, incluso a los completamente vacunados. Con una incidencia de
mortalidad notoria en el sector de los de más de cincuenta años. Lo que
implica, ineluctablemente, que a más edad, más riesgo. Por lo que,
independientemente de los palpables avances, las medidas de salud pública tan
conocidas –mascarillas, distancia física e higiene de manos– deberán permanecer
en nuestro ideario sanitario durante un buen tiempo.
Y en Tenerife, recalco, sus señorías conciben que como no
está clara la relación causa-efecto, aceptan a pie juntillas que los contagios
son imprevisibles. Las causas deben ser indeterminadas. Y los efectos, pensaba
yo, que eran bien patentes. Y los unos y
las otras tienen que ser tratados desde la más estricta objetividad. Aunque me
da que la carga de subjetividad de los jueces de esta película es tan grande,
que dentro de mi libertad de pensamiento, opinión y expresión bien podría
especular que se están cobrando aquella redada policial en Lanzarote en la que
fue descubierto un magistrado incumpliendo las normas. Y si me van a
contrarrestar este parecer con aquello de que también son humanos, te devuelvo
la moneda espetándote que mis argumentos “nunca fueron tan fáciles de
justificar”.
Termino con “ahora cierro, mañana abro y pasado el gobierno
dirá”. Que lo manifieste yo, o el dueño de un bar, vale. Pero que sea un
fundamento de derecho, me da que el virus podrá seguir mutando y riéndose de
nosotros hasta que las ranas tengan pelos. Deduzco, en lógica consecuencia, que
cada vez son –somos– más los del paso cambiado.
Mañana, si el gobierno y la justicia no me ponen pegas,
volvemos.
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